Surrbac: acusan a Saillén y a Catrambone de haber estafado a sus propios afiliados
Los sindicalistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, detenidos en la Cárcel de Bouwer, están acusados de la autoría de siete hechos delictivos, entre ellos ser presuntos jefes de una asociación ilícita, autores de usura agravada, administración fraudulenta y coautores de lavado de dinero agravado por habitualidad y por utilización de una persona de existencia ideal.
De todos esos delitos, según las acusaciones judiciales, las víctimas fueron los empleados, barrenderos y recolectores afiliados al gremio Surrbac, uno de los principales beneficiados económicos de las licitaciones del servicio de recolección de basura organizadas por las autoridades de la Municipalidad de Córdoba.
En definitiva, para la Justicia, Saillén y Catrambone se hicieron millonarios e hicieron millonarios a sus familias y a algunos allegados, gracias al presunto uso delictivo que habrían hecho del dinero que pertenecía a los afiliados del gremio y de la mutual y a los beneficiarios de la obra social.
Para dar sólo una idea: según la Justicia federal, Saillén y Catrambone hasta se habrían hecho pagar los impuestos de sus vehículos de alta gama y de sus propiedades con la plata que pertenecía a los afiliados. También, como demostró una auditoría realizada en la mutual del gremio, hasta los lujosos viajes al Caribe de ellos y de sus hijos, y el alquiler de muy lujosas suites en hoteles cinco estrellas también las habrían pagado usando dinero de los afiliados, que en ocasiones devolvían luego, sin pagar intereses y en los términos que ellos querían.
La promoción de acción penal contra ambos gremialistas señala que el objetivo de las maniobras fue siempre "beneficiarse ellos y sus familiares y/o allegados directos".
A los afiliados, por ejemplo, en este momento les están descontando de sus sueldos, cada mes, las cuotas de la tarjeta por casi 14 mil pesos, que están obligados a pagar para concurrir al asado de este fin de año que organiza el gremio.
"Para llevar a cabo los fines ilícitos de la asociación –de la cual habrían sido jefes indiscutidos, espejando los roles que llevaban ambas entidades y trasladando una amistad que los une desde hace años–, Saillén y Catrambone habrían abusado de la posición que ostentaban en ellas: presidente y vicepresidente, respectivamente, en la mutual y la obra social; y presidente y secretario de Ramas y del Interior (y además apoderado y autorizado a firmar cheques), respectivamente, en el sindicato", sostiene la acusación.
Más directamente, la acusación afirma que Saillén y Catrambone "se habrían aprovechado de forma habitual de la ligereza, necesidad y/o inexperiencia de los afiliados de la Amsurrbac en el marco del otorgamiento de préstamos, o comúnmente denominados 'ayudas económicas', facilitadas a través del cumplimiento de mínimos requisitos y provisión".
Como contó La Voz, eran adelantos de sueldos o préstamos para compra de electrodomésticos para afiliados, quienes pagaban tasas de hasta 170 por ciento anual, una cifra absolutamente excesiva en comparación con los costos del sistema bancario. Estos hechos se desarrollaron entre 2009 y 2018.
A su vez, los principales dirigentes del gremio, junto con otros directivos y profesionales como el abogado José Luis Yacanto o el hermano de Catrambone, Miguel Ángel, ganaban dinero usando la mutual en una especie de bicicleta financiera, según la acusación. Prestaban dinero y luego cobraban intereses con ganancias extraordinarias de un 400 por ciento. Aportaron 11 millones de pesos y retiraron de la mutual casi 55 millones de pesos.
Es muy importante destacar que, según comprobó la Justicia, esas "ayudas económicas" a afiliados no estaba autorizadas por la autoridad de control, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que no permite usar las mutuales como financieras ni intermediarias.
Además esos préstamos se hacían en condiciones "de extrema informalidad, manteniéndolos fuera del sistema financiero en razón de su inexistente registración contable".
Los allanamientos y las auditorías realizados sobre el gremio y la mutual comprobaron el desorden de documentación que existía y que, a veces, estas operaciones financieras se realizaban solamente de palabra, a través de órdenes verbales, sin que quedaran registros escritos de la maniobra, una falta de controles que también terminaba perjudicando a los afiliados.
Para la Justicia, los gremialistas se aprovecharon de esa "extrema informalidad y falta de registro contable mediante la cual se manejaban en el otorgamiento de préstamos a tasa usuraria, para sustraer para sí y para conocidos el dinero extra que debería haber supuesto un beneficio extraordinario" para los afiliados de la mutual, esto es, los barrenderos y recolectores de la ciudad de Córdoba.
Saillén y Catrambone, dice la Justicia, también habrían "desviado parte del dinero obtenido a través de ventas realizadas en el showroom de la mutual hacia sus patrimonios personales. A modo de ejemplo, entre los meses de julio de 2012 y septiembre de 2013, se habrían desviado 275.977,02 pesos".
También los gremialistas le habrían hecho asumir a la mutual "el pago de gastos rendidos por la obra social y por el sindicato, los cuales habrían sido devueltos en condiciones perjudiciales para la mutual". A lo que se suma que, a julio de 2018, todavía le adeudaban 2.123.020,54 pesos a la mutual.
Saillén, Catrambone y otros de los procesados por asociación ilícita, algunos de ellos sospechados de ser testaferros de los dirigentes, "habrían diseñado una compleja ingeniería financiera destinada a poner en circulación de forma habitual y continuada" para darle apariencia de que se trataba de dinero legítimo la plata que obtenían "ilegalmente" a través de los préstamos con tasas usurarias que les hacían pagar a los afiliados.
De todos esos delitos, según las acusaciones judiciales, las víctimas fueron los empleados, barrenderos y recolectores afiliados al gremio Surrbac, uno de los principales beneficiados económicos de las licitaciones del servicio de recolección de basura organizadas por las autoridades de la Municipalidad de Córdoba.
En definitiva, para la Justicia, Saillén y Catrambone se hicieron millonarios e hicieron millonarios a sus familias y a algunos allegados, gracias al presunto uso delictivo que habrían hecho del dinero que pertenecía a los afiliados del gremio y de la mutual y a los beneficiarios de la obra social.
Para dar sólo una idea: según la Justicia federal, Saillén y Catrambone hasta se habrían hecho pagar los impuestos de sus vehículos de alta gama y de sus propiedades con la plata que pertenecía a los afiliados. También, como demostró una auditoría realizada en la mutual del gremio, hasta los lujosos viajes al Caribe de ellos y de sus hijos, y el alquiler de muy lujosas suites en hoteles cinco estrellas también las habrían pagado usando dinero de los afiliados, que en ocasiones devolvían luego, sin pagar intereses y en los términos que ellos querían.
La promoción de acción penal contra ambos gremialistas señala que el objetivo de las maniobras fue siempre "beneficiarse ellos y sus familiares y/o allegados directos".
A los afiliados, por ejemplo, en este momento les están descontando de sus sueldos, cada mes, las cuotas de la tarjeta por casi 14 mil pesos, que están obligados a pagar para concurrir al asado de este fin de año que organiza el gremio.
"Para llevar a cabo los fines ilícitos de la asociación –de la cual habrían sido jefes indiscutidos, espejando los roles que llevaban ambas entidades y trasladando una amistad que los une desde hace años–, Saillén y Catrambone habrían abusado de la posición que ostentaban en ellas: presidente y vicepresidente, respectivamente, en la mutual y la obra social; y presidente y secretario de Ramas y del Interior (y además apoderado y autorizado a firmar cheques), respectivamente, en el sindicato", sostiene la acusación.
Más directamente, la acusación afirma que Saillén y Catrambone "se habrían aprovechado de forma habitual de la ligereza, necesidad y/o inexperiencia de los afiliados de la Amsurrbac en el marco del otorgamiento de préstamos, o comúnmente denominados 'ayudas económicas', facilitadas a través del cumplimiento de mínimos requisitos y provisión".
Como contó La Voz, eran adelantos de sueldos o préstamos para compra de electrodomésticos para afiliados, quienes pagaban tasas de hasta 170 por ciento anual, una cifra absolutamente excesiva en comparación con los costos del sistema bancario. Estos hechos se desarrollaron entre 2009 y 2018.
A su vez, los principales dirigentes del gremio, junto con otros directivos y profesionales como el abogado José Luis Yacanto o el hermano de Catrambone, Miguel Ángel, ganaban dinero usando la mutual en una especie de bicicleta financiera, según la acusación. Prestaban dinero y luego cobraban intereses con ganancias extraordinarias de un 400 por ciento. Aportaron 11 millones de pesos y retiraron de la mutual casi 55 millones de pesos.
Es muy importante destacar que, según comprobó la Justicia, esas "ayudas económicas" a afiliados no estaba autorizadas por la autoridad de control, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que no permite usar las mutuales como financieras ni intermediarias.
Además esos préstamos se hacían en condiciones "de extrema informalidad, manteniéndolos fuera del sistema financiero en razón de su inexistente registración contable".
Los allanamientos y las auditorías realizados sobre el gremio y la mutual comprobaron el desorden de documentación que existía y que, a veces, estas operaciones financieras se realizaban solamente de palabra, a través de órdenes verbales, sin que quedaran registros escritos de la maniobra, una falta de controles que también terminaba perjudicando a los afiliados.
Para la Justicia, los gremialistas se aprovecharon de esa "extrema informalidad y falta de registro contable mediante la cual se manejaban en el otorgamiento de préstamos a tasa usuraria, para sustraer para sí y para conocidos el dinero extra que debería haber supuesto un beneficio extraordinario" para los afiliados de la mutual, esto es, los barrenderos y recolectores de la ciudad de Córdoba.
Saillén y Catrambone, dice la Justicia, también habrían "desviado parte del dinero obtenido a través de ventas realizadas en el showroom de la mutual hacia sus patrimonios personales. A modo de ejemplo, entre los meses de julio de 2012 y septiembre de 2013, se habrían desviado 275.977,02 pesos".
También los gremialistas le habrían hecho asumir a la mutual "el pago de gastos rendidos por la obra social y por el sindicato, los cuales habrían sido devueltos en condiciones perjudiciales para la mutual". A lo que se suma que, a julio de 2018, todavía le adeudaban 2.123.020,54 pesos a la mutual.
Saillén, Catrambone y otros de los procesados por asociación ilícita, algunos de ellos sospechados de ser testaferros de los dirigentes, "habrían diseñado una compleja ingeniería financiera destinada a poner en circulación de forma habitual y continuada" para darle apariencia de que se trataba de dinero legítimo la plata que obtenían "ilegalmente" a través de los préstamos con tasas usurarias que les hacían pagar a los afiliados.
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